Marzo del 2013..

Hace apenas un año, un martes por la mañana, en la Ciudad de Tierra Colorada, estado de Guerrero. Unos 1, 500 hombres llegaron con rifles colgados en sus hombros y se apoderaron a punta de pistola de 12 oficiales de policía y un oficial de seguridad local, a quiénes consideraban responsables de la muerte de su líder, el Comandante Quiñonez. Se alteró mucho el orden público y cuando un coche, conducido por un turista que venía de Acapulco, se negó a detenerse, abrieron fuego y se hirió a un pasajero.

Esto no fue obra de un Cártel de droga, o de un grupo de delincuencia organizada. Los hombres eran miembros de un Grupo de Autodefensa. Una de tantas crecientes organizaciones paramilitares que pretenden restablecer el orden en las comunidades mexicanas.

Los motivos de estos grupos varían de una ciudad a otra, la gran mayoría de ellos se encuentran indignados por la creciente delincuencia organizada y la violencia en sus comunidades. Algunos grupos presentan casos de oportunismo político. En Oaxaca un grupo de Autodefensa fue disuelto después de 48 horas una vez que el gobierno del Estado acordó mejorar los servicios públicos y la seguridad local. En otros casos los grupos aprovechan vacíos de poder, para promover intereses ilícitos. La Familia Michoacana por ejemplo, originariamente alegó que su misión era la lucha contra los Zetas y otros cárteles de la droga, para luego convertirse en uno de éstos. Muchas veces estos grupos están formados por ciudadanos de buenas intenciones, que terminan involucrados en lo que prometieron terminar.

El desorden provocado por la lucha contra el Narco en México a contribuido a la difusión de los grupos de Autodefensa. Existen algunas excepciones como los Mata Zetas en Monterrey, pero en general el enfoque de éstos grupos tiende a ser local en los crímenes, peleando en específico contra robos, violaciones y otros actos de violencia. "El Problema de las Drogas es del Estado de resolver, pero el secuestro y el robo nos afecta a todos"

La rápida proliferación de éstos grupos supone un desafió para el Gabinete de Enrique Peña Nieto. El gobierno tendrá que tomar las estrategias que considere convenientes para conservar el Estado de Derecho, y si es necesario pactar con estos grupos para incorporarlos a instituciones.